Después del tipo de cambio, la tasa de interés es quizás la variable que más debate ha generado en torno al manejo de la política macroeconómica de los últimos años.
En particular, el foco de atención se ha centrado en la gestión de la Tasa de Política Monetaria (TPM) por parte del Banco Central.
Debemos recordar que la TPM tiene implicaciones directas sobre otras tasas de interés, la inflación y múltiples otras variables claves para la estabilidad económica del país.
Las decisiones más recientes de la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica (BCCR) han levantado una amplia discusión en torno a su negativa por reducir la TPM y cuyo nivel se ubica en un 4%, habiéndose mantenido así desde el 18 de octubre del 2024. En las últimas cinco sesiones donde la junta ha discutido el tema, la decisión ha sido la misma, es decir, mantener inalterada la tasa.
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La decisión per se ha generado inquietud, preocupación y críticas en múltiples sectores del país que consideran que el BCCR sigue una política excesivamente cautelosa en un periodo donde existen suficientes señales para proceder con reducciones en la TPM.
Por ejemplo, a mayo 2025, el Banco reporta una variación interanual del IPC del -0,12%, cifra que representa un retorno a lo ya vivido en buena parte de los últimos 2 años.
Además, el crecimiento del PIB, proyectado en 3,6% para el 2025, muestra una desaceleración respecto a la proyección de octubre 2024 (3,9%) y a la tasa anual del 2024 (4,3%).
Estas dos piezas de información deberían ser suficientes para que el BCCR decida adoptar una política más agresiva de reducciones a su tasa. Sin embargo, el Banco pareciera no hacer la misma lectura y estar enfocado exclusivamente en los movimientos de precios.
Ciertamente, las condiciones domésticas deben sopesarse con lo que sucede a nivel externo. En las últimas semanas, el entorno mundial se ha tornado grisáceo con señales ambivalentes que ponen a pensar sobre lo que podría esperarle a la economía global en lo que resta del 2025 y 2026. Una vez más, repuntan las preocupaciones por un aumento en las tasas de inflación internacional y local producto de los conflictos en el Medio Oriente (que podrían traer consigo incrementos en el precio internacional del petróleo) y de las expectativas de crecimiento inflacionario en Estados Unidos (producto del traslado de los aranceles al precio final al consumidor). Esto, sin embargo, está por verse. Los precios del petróleo han experimentado una enorme volatilidad desde el estallido de tensiones entre Israel e Irán con una primera reacción del mercado al alza para posteriormente caer debido a las probabilidades de un cese al fuego.
Todo este panorama trae varias preocupaciones a la mesa. Al incrementarse el grado de inestabilidad mundial y un mayor riesgo inflacionario, parece esperable que el Banco se torne más cauteloso, asignando un mayor peso a lo que pasa afuera respecto a lo que está sucediendo en nuestro territorio. Dado esto, es posible que el otrora margen de aplicación de rebajas a la TPM se haya estrechado con los nuevos acontecimientos y, por lo tanto, no deberíamos esperar movimientos a la baja en las próximas sesiones de la junta directiva.
Segundo, parece necesario hacer un llamado a prestarle igual atención a lo que pasa con la ralentización de la economía igual que como se hace con el potencial aumento en la inflación. En tanto la primera es un hecho, los datos sobre el aumento del IPC no parecieran reflejar que haya una aceleración inflacionaria en ciernes, razones que, por lo tanto, deberían motivar una disminución en la TPM.
Tercero, llama la atención ese concepto de neutralidad que utiliza el presidente del BCCR para defender el estancamiento en los recortes a la TPM. A su parecer, la tasa se encuentra en nivel adecuado porque ni afecta ni favorece la producción nacional. Dos reflexiones emergen al respecto.
Primero, cabe preguntarse si las decisiones serían las mismas en una economía que se encontrase creciendo muy por encima del promedio histórico. ¿Aplicarían el mismo principio?
Segundo, es nuestro entender que los instrumentos de política económica son mecanismos que la ley otorga para estimular o desincentivar determinadas condiciones. En este caso, esperaríamos el uso de la TPM como forma de estimular una economía que, como se ha comentado antes, viene cayendo paulatinamente.